El mototaxismo, una práctica de transporte público que empezó hace más de 10 años en los polvorientos municipios de Córdoba, y que se ha ido extendiendo a 26 de los 32 departamentos del país, se convirtió en una encrucijada social que podría tener repercusiones insospechadas si no se logra resolver pronto.
Con más defensores que detractores pero con muchos usuarios y conductores aumentando un negocio que deja cerca de $1.200 millones diarios, esta forma de mitigar el desempleo es una realidad nacional imposible de esconder, por lo que se necesita del consenso entre los 400.000 colombianos que sobreviven de este sistema de transporte y las autoridades.
El tema es tan importante para el país que hoy está sobre la mesa de los grandes debates nacionales en calidad de problema social. Y, a la vez, es materia de estudio y análisis por parte del Congreso de la República, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las universidades y el propio Gobierno, que desde 2002 está tratando de buscarle salidas sin que hasta el momento las haya encontrado.
La discusión se centra primordialmente en las restricciones que impuso el Ministerio del Transporte a los mototaxistas y la necesidad de que el Ejecutivo lo reglamente o se presente un proyecto de ley en el Congreso con igual fin. El Gobierno sostiene que el sistema de transporte de dos ruedas no es seguro ni apropiado para el usuario, ya que es un factor que ha influido en el aumento de la accidentalidad. Por eso exigió de los alcaldes restringir la circulación de estos vehículos.
Pero muchos de los mandatarios que intentaron aplicar las medidas, especialmente en la Costa Atlántica, se vieron enfrentados a una ola de protestas en septiembre de 2006 en Montería, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla. Eusebio Abad Jaramillo Londoño, presidente de la Asociación de Municipios de Antioquia, cree que el problema es mucho más de fondo y la solución no es como la plantea el Ministerio de Transporte. “El Gobierno Nacional ha pretendido que un caso que les tomó ventaja se resuelva trasladándolo a los alcaldes, hecho que podría generar desórdenes públicos”, dice.
Esta situación, según Abad Jaramillo, coloca a los alcaldes contra la pared, pues si no aplican las medidas restrictivas, se verán abocados a investigaciones disciplinarias. A lo anterior se suma el hecho de que para cumplir con el mandato del Gobierno central, la mayoría de municipios no cuentan con los recursos suficientes para aplicar las medidas restrictivas.
Para el director ejecutivo de la Corporación Nacional de Mototaxismo (Conamotax), Rodolfo Fernández, las medidas del Gobierno son difíciles de aplicar, por cuanto el problema es una “bomba social” que no se puede manejar con restricciones, “más si se tiene en cuenta que en el país existen 156 empresas dedicadas a este trabajo”.
En su concepto, en este momento los municipios y muchas ciudades intermedias requieren de este servicio, pues en barrios marginales y zonas rurales, los vehículos de tres y más ruedas no pueden transitar por las condiciones de las vías.
En el Congreso
El debate se volvió a agitar recientemente en la Comisión Sexta del Senado, donde hubo una audiencia pública en la que participaron representantes del Gobierno, directivos del sector afectado y varios congresistas. En el evento se ventilaron las posiciones desde el punto oficial, la de algunos alcaldes, Conamotax y los ponentes de un proyecto de ley que busca la reglamentación del mototaxismo.
Uno de los ponentes de la iniciativa, el representante a la Cámara por Guainía Pedro Nelson Pardo, sostuvo que el problema debe verse no sólo desde el punto de vista de movilidad sino también por el empleo que genera. Pardo recordó que en países como Ecuador y Perú, “el mototaxi ya funciona”, lo que, según él, “muestra su importancia para las economías locales”.
En la audiencia también se dijo, y en eso estuvo todo el mundo de acuerdo, que una manera de reglamentar el mototaxismo es brindándoles herramientas jurídicas a los alcaldes y gobernadores para que sean ellos los que implementen las medidas de acuerdo con las características de cada región o municipio.
El director ejecutivo Conamotax se mostró complacido con el balance general de la audiencia, puesto que no sólo se logró que los congresistas los escucharan sino que además se creó una mesa de trabajo en la que estarán legisladores, delegados de los transportadores, voceros gremiales y el Ministerio de Transporte, quienes se reunirán a finales de este mes para continuar estudiando el tema.
Y es que no es tan fácil abordar la situación sin entrar a hurgar problemas de fondo como el desempleo y sus aristas, el manoseo político de algunos sectores al mototaxismo, y las denuncias sobre la utilización de este medio de transporte en una parte del conflicto armado colombiano.
Sin embargo, en Sincelejo, donde esta actividad se convirtió en la principal economía del rebusque, el PNUD, los gremios y las universidades, le apostaron a realizar un estudio que podría servir de base para hacer una evaluación similar en el resto del país, donde el fenómeno sigue creciendo.
En la encuesta realizada en noviembre de 2006 con 1.400 mototaxistas, de los 20.000 existentes en la capital de Sucre, los investigadores encontraron que para el 95% de ellos es su única actividad, mientras que el 57% recibe entre $20.000 y $30.000 diarios, sin descontar los gastos en combustible, la cuota del propietario o la de financiación del vehículo.
Otro aspecto que también llama la atención del estudio son los problemas en la salud que genera este trabajo. De acuerdo con los investigadores, lo más preocupante es que las principales enfermedades se manifiestan a mediano y largo plazo: lesiones pre cancerosas y cáncer de la piel por la exposición a radiaciones del sol, enfermedades respiratorias, problemas de columna y otras relacionadas con el aparato reproductor masculino.
Un estudio que podría tener las mismas características en Cartagena, donde de acuerdo con el experto en el tema Iván García, los habitantes realizan 480.000 viajes diarios, de los cuales en un 10% se utiliza la moto. Y lo mismo se puede decir de ciudades y municipios como Cúcuta, Valledupar, Quibdó, Montería, Riohacha, Barranquilla, Buenaventura, Popayán, Puerto Inírida (Guainía), Tierralta (Córdoba) o Riosucio (Caldas), donde el mototaxismo es también una fuente básica de empleo.
Por ahora se siguen buscando los puntos de coincidencia para solucionar el problema. El senador del Polo Democrático Alexander López tiene a su cargo la elaboración del proyecto de ley. Mientras tanto, el entorno sigue siendo difícil y el mototaxismo amenaza en convertirse en una bomba de tiempo a punto de estallar y el Gobierno teme que en cualquier momento se pueda repetir lo que sucedió en mayo pasado en Caucasia (Antioquia), cuando los mototaxistas se tomaron la población y quemaron la Secretaría de Tránsito
